Elecciones: el campo es importante

En plena campaña electoral, las cuestiones relativas al campo y al medio rural vuelven a pasar muy inadvertidas. El debate gira en torno a los grandes temas, y se detiene poco en lo que preocupa a los agricultores y ganaderos, la industria agroalimentaria y el mundo rural.

Sin embargo, los programas electorales sí incluyen aspectos relacionados con las materias mencionadas, y los partidos políticos pudieron, además, recientemente, recibir las propuestas y peticiones de los representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria, en un desayuno informativo organizado por qcom.es, único evento puramente sectorial y abierto a todas las fuerzas políticas en la campaña electoral.

En este blog, venimos insistiendo en algunas cuestiones clave, e ineludibles desde mi punto de vista, para garantizar el futuro del sector. Aprovechando el momento electoral, las resumo brevemente, con la esperanza de que se pongan en marcha una vez pasadas las elecciones y conformado el gobierno.

En primer lugar, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034. Pendientes del acuerdo de los Jefes de Estado y de Gobierno sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), previsiblemente en diciembre -y de sus consecuencias para los fondos para la PAC y sobre las líneas principales de esta política-, es prioritario definir la aplicación en España, trabajo apenas iniciado desde el Ministerio de Agricultura, con las Comunidades Autónomas (CCAA) y los representantes del sector.

Ya conocemos que la PAC estará dentro de un Fondo único territorial y que se insertará en un programa país junto con otras políticas -con mayor o menor regionalización-. En cuanto a los fondos[1], una decisión a tomar en España es si estos se incrementan, permitiendo que los agricultores y ganaderos accedan a los fondos del “objetivo rural”, que contará con al menos un 10% de los créditos de libre disposición del Fondo único territorial; y si se destinarán a la PAC, desde 2028, los dos tercios de los recursos “de flexibilidad” para imprevistos en el Fondo único. Estas dos propuestas de la Comisión, realizadas a lo largo de las negociaciones, pueden servir para incrementar los recursos de la nueva política agraria. De aplicarse en España, no habría pérdida de fondos para los agricultores y ganaderos respecto al período actual.

Así pues, es necesario coordinar con las CCAA la propuesta de aplicación práctica de la PAC para 2028-2034, la distribución de fondos, y la decisión sobre si la gestión será nacional, autonómica o compartida, pero lo más importante es definir un modelo de explotaciones prioritarias para orientar las diferentes ayudas. Más en concreto, la forma en que se aplicará la nueva ayuda degresiva por superficie, cómo se aplicarán los tramos de la degresividad, el techo de ayudas por explotación, el impulso a la incorporación de los jóvenes, la discriminación positiva para las mujeres o la condicionalidad social, entre otras cuestiones, de gran calado político.

Para definir el modelo de agricultura, vuelve al debate político la Ley de agricultura familiar, que en la legislatura que ahora finaliza ha sido comprometida por el Presidente del Gobierno -pero incomprensiblemente no impulsada por el Ministerio de Agricultura- y que vuelve a estar incluida en el programa electoral del PSOE. Su elaboración ha de servir, además de para definir el modelo de agricultura preferente en nuestro país, orientar las ayudas al mismo y protegerlo frente a los fondos de inversión. La creación de bancos públicos de tierra y agua -defendidos desde hace tiempo en ruralsiglo21 e incluidos, por primera vez en el programa electoral socialista- es también prioritaria. Con su creación se estaría apostando por favorecer el relevo generacional y garantizar el futuro de una agricultura familiar, profesional y sostenible.

En tercer lugar, la elaboración de un plan específico de apoyo a la ganadería extensiva. Este plan debe contar con la participación de las CCAA, y debe apoyarse en la nueva PAC y en la Ley de agricultura familiar, para priorizar a este tipo de explotaciones en todas las ayudas, facilitar el relevo generacional, la incorporación de ganaderos y pastores y la valorización de la leche y la carne procedente de las razas autóctonas, vinculadas directamente al territorio rural.

La vertebración de la cadena alimentaria, favoreciendo la integración cooperativa e impulsando la diversificación de los canales comerciales, el impulso a la titularidad compartida y la discriminación positiva de las mujeres en el campo, completarían los retos en el sector agroalimentario.

En cuanto al medio rural, el apoyo a los grupos de acción local, a la metodología LEADER y a la diversificación de la actividad económica, deben ser también prioritarios. La fiscalidad preferente para los habitantes de las zonas más despobladas también ha de ser la clave de las nuevas políticas de reto demográfico.

Y, finalmente, conviene trabajar en la defensa del feminismo rural, dando voz a las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos, haciendo frente a la discriminación que todavía sufren, y construyendo, de su mano, un futuro más sostenible para nuestros pueblos.


[1] Para un mayor detalle, consultar, en www.ruralsiglo21.org, los siguientes enlaces: https://ruralsiglo21.org/2026/01/08/un-nuevo-regate-de-la-comision/ y https://ruralsiglo21.org/2026/10/18/el-marco-financiero-ante-la-ultima-vuelta/

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