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Las negociaciones sobre la futura Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034 siguen su curso, fundamentalmente a nivel técnico, despacio, y con la previsión de retrasar un año su puesta en marcha, lo que obligaría a compatibilizar, en 2029, un nuevo Marco Finaciero Plurianual (MFP), con la PAC actual.

Esta vez la organización dentro de cada Estado Miembro será muy importante, al englobarse la PAC en el nuevo Fondo -y programa- para la Colaboración nacional y regional, junto con otras políticas y prioridades[1], lo que obligará a una coordinación entre distintos ministerios y, en este caso como siempre, las diecisiete Comunidades Autónomas (CCAA).

En este “punto del partido” y a la espera de conocer el impulso y la prioridad que a estas cuestiones les conceda la presidencia irlandesa de la Unión Europea (UE), conviene dar hoy algunas pinceladas que puedan abrir el debate.

Así, quizá lo más urgente para tomar decisiones sobre la negociación de la PAC en Bruselas y sobre la aplicación de la esta política en España, es definir, cuanto antes, nuestro modelo de agricultura. Para ello, una herramienta muy útil, como venimos comentando en este foro desde hace tiempo, sería la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar, comprometida recientemente por el presidente del gobierno, y que debería servir para definir el modelo de agricultura familiar, vertebrador del sector y de nuestro medio rural, y dirigir todas las actuaciones -y prioridades en la negociación- de la futura PAC, a su impulso.

Ya comienzan a conocerse planteamientos de otros Estados Miembros, y España debe afrontar las negociaciones con su modelo de explotación agraria prioritario definido.

Hay otras cuestiones esenciales, desde mi punto de vista. Una de ellas es orientar las ayudas, de manera preferente a los profesionales, excluyendo las inversiones de fondos y grandes empresas, utilizando los datos del IRPF y del impuesto de sociedades para determinar la figura de agricultor activo o profesional, potencial beneficiario de las ayudas.

Por otra parte, considero que no deben excluirse las explotaciones pequeñas, a las que podría darse una ayuda a tanto alzado, o en el marco del régimen de pequeños agricultores que incorpora la Comisión Europea en su propuesta, a cambio, por ejemplo, únicamente, de integrar su producción en cooperativas u otros modelos de comercialización colectiva, que deberían ser también, objeto preferente de la nueva PAC.

Deben eliminarse los actuales derechos para percibir las ayudas, que, además de generar enormes desigualdades, dificultan el acceso a la tierra, factor limitante para el relevo generacional y la incorporación de nuevos agricultores y ganaderos al sector. En caso de no aplicar una tasa plana -igual ayuda para todas las hectáreas de superficie agrícola útil (SAU)-, las ayudas deben servir para hacer más rentables las explotaciones que potencialmente pueden serlo, siendo mayores para la agricultura de secano o la ganadería extensiva, que, para la agricultura de regadío o la ganadería intensiva, que, por si solas, sin tener en cuenta las ayudas de la PAC, son ya competitivas. Justo lo contrario de lo que sucede ahora.

Sin duda, es urgente seguir incidiendo en la discriminación positiva de las mujeres respecto a los hombres que, de manera incipiente, y muy meritoria, se aplica ya en España para la incorporación de jóvenes al sector. Con esta política se trata de visibilizar más el papel de las mujeres en la agricultura y la ganadería, que aparezcan “en los papeles” y se aumente el número de titulares y jefas de explotación.

Los requisitos ambientales han de ser también un elemento de discusión prioritario, pues la PAC debe contribuir a que se alcancen los objetivos que, en este campo, se ha propuesto la UE, para 2030 y 2050. La Comisión propone una política de incentivos, y estos han de ser lo suficientemente atractivos para que se acojan los agricultores y ganaderos y que, de verdad, se consigan estas externalidades ambientales, en las que la agricultura y ganadería, tanto pueden hacer.

Finalmente, hay que seguir insistiendo -y ser muy estrictos- en la condicionalidad social o laboral, en vigor ya en esta PAC. Se trata, básicamente, de que los beneficiarios de las ayudas cumplan con la normativa laboral y respeten los derechos de los trabajadores del campo. Esta medida, además de proteger a los trabajadores, refuerza la percepción social positiva de los agricultores y ganaderos que lo hacen bien -la inmensa mayoría- y apartan del sector a aquellos que no deben formar parte del mismo.

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[1] Para una información más detallada, se pueden consultar otras entradas de www.ruralsiglo21.org, entre ellas, https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/, https://ruralsiglo21.org/2026/01/23/la-pac-moneda-de-cambio/, y el artículo, de diciembre de 2025, “Una PAC posible para España”, publicado en la Plataforma Tierra (https://www.plataformatierra.es/actualidad/una-pac-posible-para-espana).