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Un año más, en verano, en España, los incendios son protagonistas. Este 2026 no es una excepción y el calor extremo, la maleza y los arbustos muy crecidos tras un invierno y comienzo de la primavera muy lluvioso, y la sequedad del terreno en numerosas zonas de nuestro país, son el combustible perfecto para los grandes incendios forestales, cada vez más frecuentes, y difíciles de controlar.

El verano pasado fue especialmente complicado, con más de 400.000 hectáreas calcinadas, especialmente en la mitad noroeste del país, destacando los grandes incendios acecidos en Orense y León, donde, entre las dos provincias, se quemaron más de 300.000 hectáreas.

Este año la situación no tiene mejor pinta. El incendio en Los Gallardos (Almería), donde fallecieron 13 personas, convirtiéndose en uno de los más trágicos de la historia en España, nos ha recordado al terrible fuego de Riba de Saelices (Guadalajara), del que se cumplen ahora 21 años, y en el que perdieron la vida los 11 integrantes del retén de Cogolludo, mientras hacían frente a la propagación del fuego.

Los acontecimientos de Riba de Saelices supusieron un punto de inflexión en la extinción de los incendios forestales, principalmente en Castilla-La Mancha, donde, desde entonces, se han incrementado los esfuerzos y los recursos, materiales, y económicos, para luchar contra el fuego. Tuve el honor de dirigir la consejería de medio ambiente de Castilla-La Mancha entre 2015 y 2018, y apostamos por avanzar en una política de prevención y extinción de incendios forestales, pública, con profesionales expertos al mando, ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales, agentes medioambientales, y personal de la empresa pública GEACAM, todos ellos servidores públicos, trabajando en incendios los 12 meses del año, y no sólo los meses de verano; respetando el criterio técnico para afrontar la extinción; y tratando de concienciar al conjunto de la ciudadanía de la importancia de cuidar los montes y prevenir los incendios forestales. Creo que este es el camino.

No es lo mismo, por ejemplo, contar con un sistema público, sin ánimo de lucro, con profesionales formados y capacitados, con contrato fijo durante todo el año y realizando tareas de prevención durante el invierno, que externalizar el servicio, con empresas privadas, recortando en prevención y priorizando el beneficio sobre el servicio público. Y tampoco es lo mismo, asumir o no la responsabilidad sobre la competencia en materia de extinción de incendios, que es exclusivamente autonómica, y no se puede eludir. No debemos olvidarlo.

Sin embargo, que haya recursos suficientes, más trabajadores, que la toma de decisiones en la extinción sea técnica, o que se realice más prevención, no evita que haya incendios -va a seguir habiéndolos-, pero si contribuye a que sus efectos sean menos dramáticos.

Y, aun así, como hemos visto en el incendio de La Mierla, que ha asolado más de 30.000 hectáreas y obligado a evacuar 33 pueblos, en la Sierra Norte de Guadalajara, en ocasiones las dificultades para combatir el fuego son inmensas y arden extensiones tan grandes como esta.

Por si no era suficiente, los incendios de Madrid y Ávila, avanzando sin control a estas horas, muestran la gravedad de la cuestión y ponen a prueba las costuras de un sistema de extinción -y prevención- totalmente insuficiente tras años de recortes y privatización en las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León. Y, lo que es incluso más grave, cuestionamiento del cambio climático y sus consecuencias para nuestros bosques, nuestra salud y la de nuestro territorio rural.

Por otra parte, en la mayoría de los incendios, de una forma u otra, directa o, sobre todo, indirectamente, está la mano del hombre. Según WWF, solo el 5% de los incendios tienen causas naturales, fundamentalmente por rayos. El 95 % restante, se debe a la acción humana. Y cerca de la mitad se deben a descuidos, negligencias o imprudencias. Es, por tanto, muy importante trabajar en concienciación y extremar la prudencia.

La presencia de masas forestales densas, continuas, y con poca diversidad de especies, además de grandes áreas de matorral sin mantener, por falta de prevención y la cada vez menor presencia de la ganadería extensiva; así como la existencia de grandes extensiones agrícolas uniformes y, en muchas áreas, en forma de monocultivo; contribuyen a la rápida expansión del fuego.

Las altas temperaturas y el irregular régimen de precipitaciones, consecuencia del calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero, tampoco ayudan.

Pero muchas veces nos olvidamos de una cuestión: la falta de población. Una gran parte de España, toda el área de influencia del Sistema Ibérico (incluyendo enormes extensiones de las provincias de Guadalajara, Cuenca, Teruel y Soria) o las provincias de Salamanca, Zamora, León u Orense, en el oeste del país, tienen densidades de población muy bajas, por debajo de los 12,5 habitantes/km², considerado el límite de la despoblación severa.

La falta de población, en un medio rural, moldeado por el ser humano a lo largo de los siglos, es un riesgo y, sin duda, un factor, para la aparición y propagación de los incendios forestales. En las zonas rurales donde hay núcleos de tamaño intermedio, con un sector agrícola vivo, ganadería extensiva y diversificación de las actividades económicas, los riesgos de incendios suelen ser menores.

Casi todos los grandes incendios de los últimos años, entre ellos, algunos mencionados en esta entrada, se han producido en áreas muy despobladas, en las que es urgente afrontar el reto demográfico. Es cierto que en los últimos años ha habido un repunte en el crecimiento de la población de los municipios rurales, pero en los de menos de 100 habitantes, más de 1.300 en toda España, la situación es de extrema gravedad, con poblaciones muy envejecidas y escasa actividad económica.

La despoblación, unida a la insuficiente prevención durante todo el año y a la reducción de recursos públicos -intolerable en algunos casos en los que, además, se presume de bajada de impuestos a los más ricos-, forman un caldo de cultivo propicio para situaciones como las que estamos viviendo estos días en Madrid y Castilla y León.

Hay que aumentar la apuesta de las administraciones por afrontar el reto demográfico, apoyar nuestro medio rural, gastar fondos públicos en cuidar de nuestros montes, y ser conscientes, como sociedad, del impagable -lo que no significa que no se deba pagar; todo lo contrario- servicio que llevan a cabo los hombres y mujeres que viven en nuestros pueblos más pequeños, también, en prevención y extinción de incendios forestales.

Y mañana, cuando todo pase, no olvidemos a aquellos que habrán contribuido a apagar los incendios, en muchos casos, jugándose la vida; servidores públicos, agentes medioambientales, bomberos forestales y todos los miembros de protección civil y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos hacen sentir que podemos con todo cuando lo hacemos juntos. Valoremos su trabajo como se merecen.