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La pregunta que encabeza este artículo nos da idea del punto en el que nos encontramos. Es cierto que puede parecer un poco apocalíptica, pero lo que está claro, a estas, con las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen, y los rumores que casi a diario se generan en Bruselas, es que la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034 será muy distinta de la que hemos conocido hasta ahora.

En lo que respecta al contenido de la política, siguiendo el documento de la Visión para la agricultura y la alimentación, presentado en febrero por la Comisión Europea, se espera cierta continuidad en las directrices generales que se emanen desde Bruselas para el período 2028-2034, esto es, una PAC basada en los resultados, con grandes dosis de subsidiariedad hacia los Estados Miembros (EEMM), con una ayuda básica a la renta igual por hectárea -tasa plana-, condicionantes ambientales más flexibles -condicionalidad reforzada y eco-regímenes- y una orientación más clara de las ayudas, quizá, para los pequeños y medianos agricultores que son los que más dependen de las mismas.

Pero la clave no está en la propia PAC. En realidad, es el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) el que, más que nunca, puede marcar la pauta de lo que será el apoyo a los agricultores y ganaderos europeos a partir de 2028. Aunque la presentación de la propuesta de la Comisión Europea para el MFP se espera para el 16 de julio próximo, se va consolidando la idea de un reparto de la mayor parte del presupuesto -cuya cuantía parece que se incrementará respecto a 2021-2027, al calor, y como consecuencia, del impulso a las políticas de defensa y migración, entre otras- en forma de sobres nacionales, uno por Estado Miembro.

Cada uno de los sobres debería destinarse a todas las políticas comunes, incluida la PAC, en cada Estado Miembro, incluyendo, algo así como el sumatorio de todos los fondos que debe recibir cada país por todas esas políticas. Una vez consolidados los 27 sobres, para lo que se prevé una ardua negociación, cada Estado Miembro, decidiría el reparto de los fondos en su territorio, para cada política, y en función de los intereses o prioridades de cada gobierno.

La Comisión Europea, una vez aprobado una especie de Plan Estratégico por Estado Miembro, donde, para cada política, y siguiendo la normativa que se apruebe en Bruselas, se incluyan las prioridades e intervenciones correspondientes, así como la distribución de los recursos, podría liberar las cuantías de cada sobre con un sistema parecido al de los fondos Next Generation, según se vayan alcanzando unos objetivos programados.

Se trata de una fórmula de gestión del presupuesto comunitario -y de aplicación de las diferentes políticas- mucho más sencilla, que traslada, aún más, la toma de decisiones a los EEMM, que serán los que decidan donde -en agricultura, en defensa o en infraestructuras, por ejemplo- asignar los fondos europeos de su sobre nacional.

Si finalmente, fuera este el modelo elegido por la Comisión Europea en su propuesta y se alcanzara un acuerdo sobre el mismo, la fuerza presupuestaria de la PAC -que representa hoy el 32% del gasto comunitario- se diluiría entre todas las políticas. Con el agravante, además, de que cada vez son más las políticas “comunes” y la tarta debe repartirse entre más prioridades, algunas muy acuciantes y de nuevo cuño, como la política de defensa.

Por otra parte, el hecho de que sean los EEMM los que decidan el reparto a nivel interno, podría generar enormes diferencias en la aplicación de una política supuestamente común, de tal forma que el nivel de apoyo a esta política podría ser muy distinto entre países, tanto en términos relativos (porcentaje del sobre) como en valor absoluto. En caso de que así sea, una posible corrección al simple mecanismo de los sobres puede ser establecer unos mínimos de gasto para todos los EEMM, en forma de porcentaje, para todas las políticas, incluida la PAC.

En países como el nuestro, con otras importantes prioridades políticas, como las infraestructuras, el desarrollo regional o las políticas migratorias, el presupuesto de la PAC se vería abocado a competir con otras necesidades, con la dificultad añadida de la distribución competencial en un Estado autonómico, en el que son las CCAA las competentes en materia de agricultura y política agraria.

Con estas premisas, la puesta en marcha de una PAC para 2028-2034, tal y como la conocemos, se antoja muy poco probable. Esta reforma previsiblemente será de gran calado, no por las cuestiones inherentes a la propia política, sino por el marco presupuestario, que puede revolucionar la PAC y el resto de las políticas comunes de la UE.

Así pues, creo que la respuesta a la pregunta que da inicio a este artículo es: sí; habrá PAC, pero será una PAC muy distinta.

Parece, en definitiva, que tendremos que ponerle un nuevo marco, a una vieja política.