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El pasado día 24 se produjo la firma del acuerdo entre el PSOE y Sumar para un gobierno de coalición en esta legislatura. Es una excelente noticia. Tras las semanas pérdidas en el fallido intento de investidura del candidato del Partido Popular, y los posteriores debates sin fin, más políticos y, sobre todo, mediáticos, que reales, sobre la amnistía de los encausados en el procés, la noticia del acuerdo supone un soplo de aire fresco para la sociedad española, y dentro de ésta, de la catalana, hastiada de que los debates políticos en nuestro país se centren, de forma casi exclusiva, en cuestiones territoriales, y no en posicionamientos ideológicos.

La política, por supuesto, debe afrontar todos los retos actuales en una sociedad como la nuestra, incluidos los territoriales. Claro que sí. El propio acuerdo refleja el compromiso del futuro gobierno con la concordia entre españoles, de todos los españoles, piensen lo que piensen, también de los independentistas, y la distensión entre Cataluña y el resto de España. Pero también, coloca en primera línea compromisos de progreso, mejoras sociales en relación con la reducción de la jornada laboral, la conciliación de la vida familiar y profesional o el aumento del salario mínimo interprofesional para esta legislatura.

Si algo ha caracterizado al gobierno de Pedro Sánchez en estos cinco últimos años ha sido precisamente su compromiso social. Es esa, sin duda, la bandera de un gobierno de izquierdas, de progreso. La revaloración de las pensiones, con especial énfasis en las no contributivas y en las más modestas, la subida vertiginosa del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral que ha supuesto una reducción drástica de la temporalidad en el empleo son hitos verdaderamente importantes, de los que se benefician directamente muchos españoles y españolas, en muchos casos, los más vulnerables, y de los que se siente muy orgullosa, la inmensa mayoría de la población de nuestro país. Este patriotismo social es el que verdaderamente construye España y supone, de alguna forma, nuestra seña de identidad en el escenario internacional.

En el acuerdo se incluye reforzar el compromiso con el medio rural de estos últimos años, en los que el reto demográfico se ha convertido en una política prioritaria para el gobierno. Estoy convencido de que esta es una cuestión capital para el presente, pero también para el futuro. En el reto demográfico se aúnan la política territorial -zonas rurales vs aglomeraciones urbanas- y social -mejora de la calidad de vida en los pueblos, priorizando el acceso a los servicios sociales y el apoyo a los colectivos más desfavorecidos-. La apuesta por que todos los servicios básicos se encuentren a menos de 30 minutos del lugar de residencia es una medida de política de desarrollo rural fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural y fomentar que mas personas, fundamentalmente jóvenes, decidan, voluntariamente, desarrollar su proyecto de vida personal y profesional en alguno de nuestros pueblos.

El impulso a la diversificación económica de nuestros espacios rurales debe ser también prioritario, facilitando las comunicaciones, físicas y virtuales, potenciando el transporte público y la conectividad. La innovación relacionada con la actividad agraria y con aquellas otras actividades económicas, principalmente relacionadas con las potencialidades del medio rural, en el área de la bioeconomía, es fundamental para atraer el talento y hacer que nuestros pueblos sean atractivos para los jóvenes.

Y en materia de agricultura y ganadería quizá el compromiso más relevante, presente ya en el programa electoral del PSOE, es el compromiso de elaborar una Ley de Agricultura Familiar, de gran valor simbólico, y de una gran trascendencia práctica para mantener e impulsar el modelo de agricultura y ganadería familiar, el real, el que da vida a nuestros pueblos y genera el empleo estable y sostenible en las áreas rurales. Muy alejado, por cierto, de los grandes proyectos impulsados por fondos de inversión, que muchas veces tienden a maximizar el beneficio y deslocalizarse cuando las circunstancias de acceso a los recursos, requisitos ambientales o costes laborales son menos favorables para sus intereses.

Por otra parte, el modelo de agricultura familiar es fundamental para la conservación del medio ambiente y la mejora de la biodiversidad, y clave para seguir adelante con los objetivos de la Agenda 2030. La apuesta, pues, por este modelo, debe ser prioritaria en la política agraria a desarrollar durante esta legislatura. Para ello, la aplicación práctica de la Ley de la Cadena Alimentaria, el incremento de las ayudas públicas para las pequeñas y medianas empresas de agricultores y ganaderos, y el impulso al relevo generacional, facilitando el acceso a la tierra por parte de los jóvenes, son cuestiones prioritarias para abordar.

El acuerdo de gobierno refuerza también el compromiso con la producción ecológica, en la que España es líder europeo. Hay que seguir trabajando, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el sector, para aumentar el número de hectáreas de agricultura ecológica, potenciando, especialmente, la ganadería ecológica y el modelo extensivo, esencial para preservar el territorio y el paisaje rural, y luchar contra los incendios forestales.

Finalmente, el apoyo a los productos con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, el  consumo de proximidad, los canales cortos de comercialización o la venta directa, son elementos que pueden contribuir a proteger al primer eslabón de la cadena agroalimentaria, el de los agricultores, los ganaderos y los trabajadores del campo, aumentando su rentabilidad, al mismo tiempo que se pueden generar “nichos de mercado rurales” vinculados al turismo, el medio ambiente o la artesanía, desde una enfoque agrario y con base en el sector agroalimentario.

Todas estas ideas podrán llevarse a cabo en caso de que se reedite el gobierno de coalición. Sin duda es la mejor de las alternativas para nuestro país, para los ciudadanos y ciudadanas de cada rincón de España, desde una aproximación de territorios o comunidades autónomas, pero también desde una aproximación tanto rural como urbana.