ruralsiglo21

Autores:

Francisco Martínez Arroyo [1]

José Manuel Martín Aparicio [2]

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[1] Vocal asesor del Ministerio de Agricultura. Consejero de agua de Castilla-La Mancha entre 2019 y 2023

[2] Ingeniero técnico en la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Director de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha entre 2019 y 2023

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Han pasado ya dos años desde que dejamos nuestras respectivas responsabilidades políticas como consejero de agua y director de la agencia del agua de Castilla-La Mancha. Ocupamos estos puestos entre 2019 y 2023. Llevábamos tiempo pensando en escribir este artículo juntos, para recordar que, en el ejercicio de la política, es posible alcanzar sueños colectivos, cuando se trabaja con ideas, compromiso y contando con el conocimiento técnico de profesionales.

Ejercer de consejero de agua y de director de la agencia del agua es, en una tierra como la nuestra, un auténtico honor. El presidente de Castilla -La Mancha confió en nosotros para estas responsabilidades, conocedor de que no pararíamos de trabajar para que algunos de los objetivos más importantes desde la perspectiva del territorio, el progreso o la justicia social en Castilla-La Mancha, se hicieran realidad.

Teníamos muchas ideas, había muchas cuestiones sobre las que trabajar, decidir e impulsar. ¡Y vaya si lo hicimos! Valgan estas líneas para resumir lo más significativo. Ni que decir tiene que nos sentimos muy orgullosos de lo conseguido y, por supuesto, enormemente agradecidos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Consejería, de la Agencia del Agua y de la entidad Infraestructuras del Agua, sin quienes todo lo que aquí les contamos, no habría sido posible.

Entramos en materia.

En España, así como en el resto de la Unión Europea, las decisiones de gestión en materia de agua se deben adoptar en un proceso participativo entre toda la sociedad, plasmándose en los Planes Hidrológicos de las diferentes Demarcaciones Hidrográficas. Esa es la teoría, pero en la práctica, como responsables de la gestión del agua de Castilla-La Mancha, ganamos en los tribunales lo que se negaron a aceptar en los Planes Hidrológicos: que el río Tajo es un río, no un afluente del Jarama ni un desagüe de la Comunidad de Madrid. Entre toda la sociedad castellanomanchega logramos implantar los caudales ecológicos en el río Tajo en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina después de 24 años de aprobación de la Directiva Marco del Agua. Por fin, el río Tajo a su paso por Aranjuez tendrá un caudal mínimo ecológico que oscilará entre 7,2 y 10,4 m3/s, en función de la época del año, frente a los 6 m3/s mínimos fijados sin ningún criterio medioambiental; Asimismo, los caudales ecológicos en Toledo oscilarán entre 13 y 23 m3/s. Y esto, que parece baladí, tiene una importancia práctica. Esto permitirá mejorar la calidad del agua de un río que ha pasado por ciudades como Toledo o Talavera de la Reina en un estado de deterioro y abandono, además de priorizar el estado ambiental frente al Trasvase Tajo-Segura.

Desde sus orígenes, las decisiones del Trasvase Tajo-Segura se tomaban lejos de Castilla-La Mancha, siendo la Comunidad Autónoma más afectada por esta infraestructura y la que alberga los embalses desde los que se inicia el transporte del agua.

Los estudios técnicos realizados por la Junta de Comunidades sobre la obra del trasvase y su funcionamiento evidenciaban el fracaso en su gestión. El agua que pretendían trasvasar no existía más que en el papel y eso aumentaba la precariedad de los embalses de la cabecera del Tajo, que se exprimían hasta la última gota. Para tener un orden de magnitud, los embalses de Entrepeñas y Buendía tienen una capacidad de almacenamiento conjunta de, aproximadamente, 2.500 hm³. Sin embargo, desde el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura han oscilado entre un máximo de 1.500 (60%) y un mínimo de 130 hm³ (5%), en la sequía de 1995. La última sequía más intensa, la de los años 2017-2018, los embalses descendieron hasta los 230 hm³, es decir, por debajo del 10% de su capacidad de almacenamiento. Esta es la comprobación de que la estrategia de gestión ha sido, tal y como venimos diciendo, la de aprobar trasvase tras trasvase, impidiendo que la lámina de agua se elevara por encima del 60% de su capacidad.

Por estas razones, con la firmeza que nos otorgaban las 6 sentencias del Tribunal Supremo que exigían la implantación de los caudales ecológicos, logramos cambiar la inercia en la gestión del trasvase Tajo-Segura.

Primero, con un cambio normativo que redujo el volumen trasvasado en determinadas situaciones de los embalses de cabecera, pasando de 38 hm³/mes a 27 hm³/mes. Esto significaba aumentar la lámina de agua promedio de los embalses, que era una demanda histórica de los municipios ribereños.

Segundo, logrando 40 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica, para la ejecución de las obras de compensación de esos mismos municipios, que ya especificaba la Ley que puso en funcionamiento el trasvase.

Y, por último, poniendo en marcha el Sistema de Abastecimiento Llanura Manchega, una inversión de más de 600 millones de euros que había sido abandonada y vandalizada. Esta actuación, respecto a las anteriores llevadas a cabo en relación con el trasvase, fue sin duda la más emblemática por diferentes motivos. La puesta en marcha de este Sistema de Abastecimiento no disminuiría el agua trasvasada para aumentar el caudal del río Tajo o la lámina de agua de los embalses de cabecera. Significaba que Castilla-La Mancha participaba en el reparto del agua trasvasada para un fin muy concreto: el abastecimiento humano de un territorio, la Llanura Manchega, que presentaba carencias del suministro de agua en cantidad y calidad en determinadas épocas del año.

Este nuevo Sistema de Abastecimiento que atraviesa en dirección este-oeste las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real desde Saelices hasta las Tablas de Daimiel, se transforma en el eje que garantiza el abastecimiento de agua a la población castellanomanchega. Su puesta en marcha se produjo en el único de los tres ramales principales construidos, el ramal nororiental, que hoy abastece a 13 municipios entre los que se encuentran Socuéllamos o Villarrobledo, aglutinando más de 70.000 personas. Esta infraestructura es la base para la garantía de agua en una de las zonas más secas de Castilla-La Mancha, estando diseñada para suministrar más de 50 hm³ a 600.000 personas, incluyendo la ciudad de Ciudad Real para situaciones de emergencia. Su puesta en marcha nos afianzaba para requerir su completa finalización, que es el verdadero objetivo para asegurar el abastecimiento de agua. Así, logramos que el Ministerio asumiera la ampliación de esta infraestructura con el desarrollo de un nuevo ramal principal, el ramal suroccidental, para abastecer al Campo de Calatrava. Recientemente, se ha formalizado la colaboración entre el Ministerio, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los municipios beneficiados para avanzar en su construcción con una inversión de 100 millones de euros, que comprometimos en el acto de presentación de la infraestructura, que celebramos, con mucho simbolismo, en el pequeño municipio de Caracuel de Calatrava, en 2023.   

Todas estas actuaciones, desde la implantación de los caudales ecológicos en los últimos planes hidrológicos del Tajo hasta la puesta en marcha del Sistema Llanura Manchega, han tenido como resultado final el compromiso explícito de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Este ha sido, para nosotros, un gran logro alcanzado en la gestión del agua de nuestra región. Las palabras y los hechos de Castilla-La Mancha se han escuchado por primera vez en 45 años de gestión y la inercia, desde las sentencias del Tribunal Supremo, ha cambiado diametralmente.

Esas nuevas normas, necesariamente, deberán asumir varias premisas que nunca se habían considerado; el río Tajo requiere un caudal ecológico mínimo para el mantenimiento del ecosistema fluvial; los volúmenes trasvasados estarán condicionados por la garantía de suministro de los usuarios del Tajo ante los efectos del calentamiento global; y el Sistema Llanura Manchega demandará agua para abastecimiento humano, un uso prioritario frente al regadío de otras regiones.

No obstante, nuestra mirada y nuestro enfoque no estaban puestos únicamente en el río Tajo. Castilla-La Mancha está incluida en siete demarcaciones hidrográficas, aunque en dos de ellas con muy poca superficie (Ebro y Duero).

Nuestros ojos miraban al Alto Guadiana, complementando el trabajo de la puesta en servicio del Sistema Llanura Manchega y su ampliación para el Campo de Calatrava. Buscamos reactivar el Plan Especial del Alto Guadiana para conseguir una solución estable a largo plazo en ese territorio y conseguimos que el Plan Hidrológico del Guadiana contemplara una inversión total de 63,65 M€ para la compra de derechos en masas de agua subterránea del Alto Guadiana.

En el río Segura siempre hemos defendido que la reducción de caudales en el trasvase, como consecuencia de la implantación de caudales ecológicos en el Tajo debe ir acompañada de un crecimiento del volumen de agua desalada en la cuenca receptora. De este modo evitarían entrar en situaciones de escasez, reduciendo las afecciones que los pozos de sequía generan en los acuíferos del sureste albaceteño. Y así se prevé en el Plan Hidrológico.

Otro de los logros alcanzados en esta Demarcación fue la creación de una reserva de 4,65 hm³ para regadíos sociales en la provincia de Albacete, que esperamos que se haga efectiva.

Por otro lado, en la Demarcación Hidrográfica del Júcar hemos defendido la materialización de la 2ª fase de la sustitución de bombeos para el regadío de la Mancha Oriental. En noviembre de 2023 se firmó el convenio entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (JCRMO) para esa actuación. Las obras de terminación de la sustitución de bombeos en el Júcar, en coordinación con el sector, suponen una inversión de 60 millones de euros, aportados por el Gobierno de España, que abarcarán 9.250 hectáreas y beneficiarán directamente a 750 regantes. De forma indirecta, también va a tener un impacto positivo en 9.000 o 10.000 explotaciones de regadío del entorno porque va a beneficiar a los acuíferos de los que habitualmente están obteniendo esos recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades.

Además, en el Plan Hidrológico logramos establecer una reserva máxima de 13,6 hm³/año de recursos superficiales y subterráneos en masas de agua en buen estado cuantitativo, para abastecimientos urbanos e industriales y nuevos aprovechamientos agrícolas y ganaderos considerados de interés social o promovidos por jóvenes agricultores y agriculturas que tengan un informe favorable de la Consejería con competencias en agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Cuenca y en la comarca de la Manchuela, de Albacete. Algo así como un banco público de agua, para uso agrario, desde la sostenibilidad y el compromiso con el reto demográfico.

Por último, el Plan Hidrológico del Guadalquivir contempla una medida para la ejecución de un azud en la zona del Castillo de Montizón, que aportará 1,5 hm³/año para regadío de 1.500 ha de olivar.

Todos estos compromisos adquiridos en materia de agua por el Ministerio en la tramitación de los Planes Hidrológicos para beneficio de la población de Castilla-La Mancha se han producido porque entendimos la utilidad de esa herramienta, el Plan Hidrológico de Cuenca.

Impulsamos y comprometimos, además, el mayor nivel de inversiones en mejora del abastecimiento y la depuración en numerosos municipios de la región, de la historia de la Comunidad Autónoma, aprovechando los fondos europeos.

En definitiva, tratamos de ajustar la mirilla a los temas que realmente generarían un impacto positivo y buscamos y aportamos soluciones conjuntas entre todas las administraciones implicadas, cada una en el ámbito de sus competencias. Castilla-La Mancha logró poner encima de la mesa toda su inteligencia y su esfuerzo para defender la tierra y el agua, que son los pilares elementales de nuestra vida en común.

Sirva este artículo para recordar un trabajo, que es mérito de todas y cada una de las personas trabajadoras de la Consejería, la Agencia del Agua e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, sin las cuales, nada de esto hubiera sido posible.

Y quede aquí constancia de nuestro orgullo, como servidores públicos y responsables políticos, de haber podido hacer realidad alguno de nuestros sueños, que lo son también del conjunto de una tierra que lucha, cada día, por progresar.