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A pocos días del congreso de la organización agraria UPA, quiero dedicar esta entrada de ruralsiglo21 al modelo de agricultura y ganadería familiares. Por dos motivos, primero porque desde UPA, ésta ha sido una de las reivindicaciones más relevantes desde su nacimiento como organización. Y, en segundo lugar, como reconocimiento a Lorenzo Ramos, su secretario general, que, después de veinte años al frente de la organización, deja su cargo en este congreso.

Empezando por el segundo de los motivos que me lleva a escribir este artículo, quiero hacer un reconocimiento público al trabajo y la dedicación de Lorenzo a lo largo de todos estos años. Ha sido capaz de fortalecer a la organización, que es hoy un referente en el sector agrario en prácticamente todo el territorio de nuestro país, manteniendo la coherencia propia de un agricultor comprometido con la defensa de los intereses de la gente del campo, entre ellos los trabajadores asalariados, que no son  sino también, compañeros de faena, y de los habitantes del medio rural, preocupándose de la mejora de las explotaciones -y de la vida- de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, que son la base de nuestro sistema agroalimentario.

Personalmente, además, considero a Lorenzo, un amigo, del que he aprendido mucho a lo largo de mi recorrido profesional, y con el que he compartido numerosos objetivos, algunos hoy hechos realidad gracias al impulso de UPA y FADEMUR, como el Estatuto de las Mujeres Rurales o la Ley de Agricultura Familiar, ambas aprobadas en Castilla-La Mancha en mi etapa como consejero de agricultura. Y de las que me siento particularmente orgulloso.

Sigue habiendo batallas que dar -y que ganar-, una de ellas, sin duda, es que exista una Ley de Agricultura Familiar a nivel estatal. Desde mi punto de vista, con una reforma de la Política Agraria Común (PAC) a la vista, y con un declive paulatino en el número de explotaciones familiares en los últimos años, dificultades en el relevo generacional, y la entrada en el sector de nuevos modelos empresariales, con fondos de inversión y grandes empresas, ajenas al sector en muchos casos, y con menor compromiso con nuestro medio rural, la Ley es más que urgente.

La elaboración de la misma puede ser laboriosa y, aunque es cierto que la suma de mayorías en el Congreso para la aprobación de una ley es más difícil y compleja que nunca, creo que merece la pena intentarlo.

A lo largo de los últimos meses, he teorizado en numerosas ocasiones sobre lo que debería figurar en una Ley de Agricultura Familiar. Algunas de las reflexiones están incluidas en el libro “El resurgir del agro. 10 retos”, publicado por la Editorial Agrícola (https://libreria.editorialagricola.com/editorial-agricola-libreria/materias/destacados_54_1_ap.html, donde analizo en detalle este modelo de explotación, que, a día de hoy, sigue siendo clave para la vertebración del territorio rural.

Algunos datos, muy sintetizados, pueden servirnos para darnos cuenta del reto al que nos enfrentamos.

En España, según el censo agrario de 2020, existían 914.871 explotaciones, con un tamaño medio de 26,37 hectáreas -un 7,4% más que en el censo de 2009-. De ellas, un 6,48%, unas 60.000, tienen ya personalidad jurídica. Desde 2009, las explotaciones agrarias han disminuido un 7,6%. Al mismo tiempo que se reducía el número de las explotaciones, aumentaban las que tienen personalidad jurídica en un 6,8%. Otro dato de interés es que, en las explotaciones de más de 100 hectáreas, 55.703 en el censo de 2020, el 23,8% tienen ya personalidad jurídica.

Un dato muy positivo es que el 30% de los titulares de explotación son ya mujeres, un 16% más que en 2009. Sin embargo, hay todavía margen de mejora en estas cifras y, de forma particular, en el número de explotaciones de titularidad compartida, que son sólo 1.257 en toda España.

Y una cifra que causa alarma -y que es esencial para considerar la urgencia de una Ley de Agricultura Familiar- es que sólo en 127.363 explotaciones (el 14% del total), el jefe de explotación tiene menos de 45 años, un 23% menos que en 2009.

Sin duda, las explotaciones familiares deben ser profesionales, competitivas y rentables. Y para ello, hay que incidir en “perimetrar” muy bien el modelo (definiciones de agricultor profesional, agricultor activo y perceptor de la PAC, entre otras cuestiones) y priorizarlo, de manera clara, en todas las ayudas públicas, apoyando también de forma preferente a las mujeres al frente de las explotaciones, y el relevo generacional, que debe ser esencial en las ayudas directas -actualmente el denominado primer pilar de la PAC- y en las políticas de apoyo al desarrollo rural -segundo pilar de la PAC-.

Para hacer que estas explotaciones familiares sean rentables y resulten atractivas para los jóvenes, que proviniendo o no del sector, quieran incorporarse a la agricultura o a la ganadería, es también urgente, aumentar el tamaño de las mismas y facilitar el acceso a la tierra y al agua para los nuevos y los profesionales. Creo que una decisión urgente es la creación de bancos de tierra públicos, como ya sucede en algunas Comunidades Autónomas, para que la tierra disponible -principalmente la que está en manos de las propias administraciones públicas- se aproveche para la agricultura o la ganadería, al mismo tiempo que se ofrecen mejores condiciones a aquellos que quieren dedicarse al sector y que ahora consideran el acceso a la tierra como un factor limitante.

Algo parecido sucede con el acceso al agua, donde queda aún más camino por hacer, pero donde es también muy urgente explorar la creación de bolsas o bancos públicos de agua en las diferentes cuencas hidrográficas, para facilitar el relevo generacional y la profesionalización de la agricultura.

El objetivo final de todas estas reflexiones ha de ser la protección del modelo de agricultura y ganadería familiares, pilar esencial del tejido empresarial agrario y de la prosperidad de la mayor parte de los pueblos y zonas rurales de nuestro país.

Todavía estamos a tiempo.