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En el marco de la Constitución Española, que ha propiciado la etapa más duradera de paz, libertad y prosperidad que haya conocido nuestro país a lo largo de su dilatada historia, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha reconoce el derecho de esta región al ejercicio de su autonomía y a su autogobierno. Desde 2019 tengo el honor de asumir las responsabilidades que sobre agua, corresponden a la comunidad autónoma. Un reto apasionante al que nos enfrentamos cada día desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y, en particular, desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Colaborando con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Pensando en los ciudadanos, en la garantía de agua en calidad y cantidad suficiente para todos los usos, en la depuración, en la economía circular del recurso, en el regadío sostenible, los humedales, las aguas superficiales y subterráneas. El agua es la molécula más necesaria para la vida y, de ella depende, ahora más que nunca, nuestro futuro.

Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y aunque vivimos tiempos difíciles en los que, obligadamente, nos fijamos en la salud y valoramos, más si cabe, la vida; no podemos dejar de celebrar y reivindicar el agua. La que nos da, precisamente, la vida.

La política del agua en Castilla-La Mancha persigue los equilibrios territorial y social a los que invoca el Estatuto de Autonomía. Se trata de que el agua impulse el desarrollo económico, redistribuyendo la riqueza, incorporando el concepto de lo público y lo colectivo en la toma de decisiones, al mismo tiempo que se avanza en la protección del medio ambiente, los humedales que se diseminan por toda la región o la biodiversidad asociada al agua, que nos sitúa como una de las regiones más representativas de los ecosistemas mediterráneos en todos los países de la cuenca.

Este equilibrio, de alguna forma, también aparece en la Directiva Marco del Agua, que en su transposición al derecho nacional dice: “La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”.

Finalidades similares persigue la vigente Ley 12/2002 del Ciclo Integral del Agua en Castilla-La Mancha, cuya actualización y mejora estamos tramitando en estos momentos, con el objetivo de que se pueda aprobar en las Cortes Regionales antes de verano. Así, la futura Ley de Aguas de Castilla-La Mancha pretende dotar a la Administración regional de más herramientas para mejorar y avanzar en la consecución de estos objetivos en colaboración con el resto de administraciones implicadas en la gestión del agua.

En diciembre de 2020 también, se suscribió un acuerdo de posición común en materia de agua en Castilla-La Mancha, acordado con la sociedad civil castellanomanchega, reunida en torno a la Mesa Regional del Agua, impulsada por el Gobierno regional, con la participación de 60 entidades u organizaciones del tejido socioeconómico y ambiental de la región. El acuerdo se expresa en la voluntad de “defender los intereses de nuestra región, de las personas que viven en ella, del equilibrio territorial y de sus ríos y demás ecosistemas acuáticos y terrestres”.

La transformación de Castilla-La Mancha en los años transcurridos desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, en 1982 ha sido notable. Quizá lo más relevante es que hemos adquirido una conciencia de región que nos permite situarnos en un plano de igualdad con el resto de las regiones españolas. La España radial, focalizada solo en el centro y en la periferia marítima, que dejaba de lado a regiones como la nuestra, ha dado paso a otra España, más transversal, más equilibrada, más justa. 

La realidad física de la región también ha evolucionado de manera espectacular. Sus carreteras, sus equipamientos sociales, sus hospitales y centros de salud, sus centros educativos, y, por supuesto, sus infraestructuras del ciclo del agua han experimentado un gran avance. Hemos construido cientos de depuradoras, miles de kilómetros de conducciones de abastecimiento y regadío, estaciones potabilizadoras y un sin fin de infraestructuras sin las cuales el desarrollo experimentado por nuestra región en estos años habría sido imposible.

Queda mucho por hacer. Y en materia de agua, más si cabe.

Castilla-La Mancha es una de las regiones más vulnerables al cambio climático. El incremento de las temperaturas medias causa y se une a un descenso en la cantidad y un aumento en la irregularidad, de las precipitaciones. Llueve poco y cuando llueve, muchas veces, lo hace de forma torrencial. Así, es difícil recargar nuestros embalses y nuestros acuíferos, sobre todo, en áreas con escasas precipitaciones, como el entorno de los embalses del Alto Tajo o La Mancha, tan dependiente está, de las aguas subterráneas.

Los acuíferos del Alto Guadiana han posibilitado, en gran medida, el crecimiento económico y, por tanto, demográfico de los pueblos manchegos, convertidos hoy, muchos de ellos en agrociudades, con infraestructuras y actividad económica pujante, apoyada sobre todo en la industria agroalimentaria, que ha apoyado en el agua su futuro. El envejecimiento y la despoblación que asola a otras zonas de la España rural, también en nuestra región, no se ha producido en estas comarcas. Y ello ha sido así gracias al uso sostenible del agua. Y solo puede seguir siendo así mediante el agua.  

Para conseguirlo es necesario conciliar intereses, conseguir el equilibrio. La recuperación y preservación de nuestros ecosistemas y de nuestras zonas húmedas, que representan uno de los principales patrimonios naturales de Castilla-La Mancha y de España, es perfectamente compatible con el mantenimiento de un sector agroalimentario dinámico y responsable, que apueste por el acceso de los jóvenes al campo y garantice su estabilidad y su futuro.

No ha sucedido lo mismo, con las aguas superficiales que recorren nuestra región. A pesar de estar surcada por algunos de los principales ríos peninsulares, que nacen o adquieren su verdadera condición de ríos en nuestra región, y, a pesar, de los grandes embalses que jalonan nuestro territorio, la regulación superficial ha postergado, secularmente, a Castilla-La Mancha, o al territorio que la componía antes de que existiese con este nombre. Sigue pendiente, todavía hoy, la verdadera preferencia de la cuenca cedente frente a la receptora, el establecimiento de caudales ecológicos mínimos en todas ellas y una planificación que priorice el desarrollo de la España interior, del mundo rural, de los pueblos que esperan nuestra respuesta contundente al reto demográfico. Para que, de una vez por todas, no se marche el agua del medio rural y éste, con agua, pueda tener un futuro.

Porque, conviene no olvidarlo, el recurso al agua desalada no existe en Castilla-La Mancha. Cristina Narbona a la que reconocemos en este Día del Agua, fue una de las principales impulsoras de las desalinizadoras que se construyeron a lo largo de la costa levantina en las dos primeras décadas de este siglo. Este recurso inagotable, con procesos de desalación cada vez más eficientes, y a mejor coste, debe ser aprovechado para garantizar el futuro a un sector tan importante como el de la huerta del Levante.

Así como conviene tener en cuenta que, de las peores consecuencias de la política hidráulica de este país la observamos en el río Tajo, con problemas que aún perduran.

El primero de ellos lo producen las aguas residuales de Madrid. La conurbación madrileña genera un río Jarama artificial, de aguas insuficientemente depuradas que aporta al Tajo un caudal que excede con mucho su capacidad de autodepuración. Esta situación no era admisible en 1982 y lo es aún menos en 2021. El Tajo a su paso por Toledo es un río contaminado, que sigue obligando a la ciudad a vivir de espaldas a él. 

El segundo de los problemas, se suma al primero, agravándolo. Es la infraestructura del Trasvase que, desde 1980 drena al Levante casi la mitad de las aportaciones que recibe la cabecera del Tajo. Y cuya gestión ha provocado, entre otras muchas consecuencias indeseables, que los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentren siempre en niveles muy bajos, en perjuicio de los municipios cuyas tierras fueron ocupadas para su construcción.

Si bien el actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha mostrado una comprensión hasta ahora inédita, y está dando pasos que es de justicia valorar positivamente, aún quedan muchas cosas por cambiar. Una región seca como la nuestra no puede seguir indefinidamente enviando agua a otra, también seca, pero que dispone de un recurso extraordinario y potencialmente inagotable, como es el agua desalada.

Aprovecho para destacar la importante actuación que vamos a realizar en el ámbito de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, como continuación de las ya realizadas en virtud del convenio suscrito en su día entre las Administraciones estatal y regional y la Asociación de Municipios Ribereños. Convenio que, por cierto, firmó Cristina Narbona en representación de la Administración General del Estado en su calidad de Ministra de Medio Ambiente. Invertiremos en los próximos cuatro años, 40 millones de euros en infraestructuras y servicios en estos municipios.

Y hablando de actuaciones importantes, no puedo dejar de mencionar el abastecimiento a la llanura manchega, para quince pueblos con 80.000 habitantes, a los que el Gobierno regional espera poder abastecer con agua de calidad, para consumo humano, este año 2021. Esta gran infraestructura, fruto de la colaboración entre las administraciones estatal y regional, va a permitir, por primera vez usar el agua del Trasvase para beber en Castilla-La Mancha. Y no solo eso. También va a servir para reducir las presiones a que se ven sometidas las masas de agua subterránea que actualmente abastecen a estas poblaciones. Es, por tanto, una actuación enfocada a restaurar y preservar el equilibrio del que hablamos. 

Además de Cristina Narbona, en este Día Mundial del Agua también otorgamos otros dos reconocimientos.

Como modelo de agricultor responsable y comprometido, Pedro Ibáñez, cuya incesante labor en defensa del agua y de nuestro medio rural es un ejemplo de buen hacer. Pedro, viticultor de la DO Jumilla, denominación de origen histórica, compartida por Albacete y Murcia, es un luchador que representa lo mejor de nuestra agricultura, que pelea por el uso igualitario y eficiente de un recurso y para que sirva para redistribuir la riqueza a través del impulso a los regadíos sociales.

También será reconocida por encomiable la labor que desarrolla el centro territorial de RTVE en Castilla-La Mancha, que, bajo la dirección de Cristina Bravo, informa con integridad de los asuntos relacionados con el agua en nuestra región y lo hace de manera accesible, directa y amena, llevando, en numerosas ocasiones, la imagen de la región, sus humedales y espacios naturales, a los informativos a nivel nacional, contando el buen uso que hace Castilla-La Mancha del agua.

El lema de este día, “valoremos el agua” es lo que hoy, como consejero del Agua de Castilla-La Mancha quiero recordar. El agua, cuyo acceso es un derecho para todos los seres humanos, es un bien público y así debemos considerarlo desde las diferentes administraciones. La defensa de nuestro medio ambiente ligado al agua y del desarrollo económico de nuestra tierra, desde la solidaridad y la empatía con todos los territorios de nuestro país, a los que el agua nos une, y con los que nos vertebra, es un reto apasionante que marcará nuestro futuro.