Año de elecciones: ¿La hora del desarrollo rural?
Plenamente inmersos en este año electoral, y cerca ya, de las elecciones autonómicas en 13 Comunidades Autónomas, hacemos un paréntesis en los temas relativos a la nueva PAC, el pago básico, y la transferencia de derechos, entre otros, a los que nos hemos dedicado en detalle en las últimas entradas, y analizamos el papel que las políticas de desarrollo rural deberían tener en los programas electorales de cara a las citadas elecciones.
Una primera reflexión es la necesidad de que las cuestiones que afecten a la población rural -y, por supuesto, a los agricultores y ganaderos- figuren de forma prioritaria entre las propuestas electorales. Hay suficientes argumentos para ello.
Se trata de políticas -la rural y la agraria- de competencia autonómica, las zonas rurales representan más del 80% del territorio español y alrededor de un 20% de la población española -porcentajes que pueden variar dependiendo de las definiciones que se apliquen, pero que dan idea de la importancia del medio rural-, el sector agrario ocupa a más de 300.000 agricultores profesionales -y cerca de un millón de perceptores de la PAC-, la industria agroalimentaria es el segundo subsector industrial en España por facturación…Y, por si todo lo anterior no basta, se pueden citar, como «otras externalidades» del desarrollo rural y la agricultura, la conservación del medio ambiente, la cultura y tradiciones rurales, el paisaje, los productos artesanales y de calidad…
Pero, antes de meternos en harina, merece la pena echar un vistazo al último editorial de la revista agricultura, que incide, en este caso, en la importancia del sector agrario y los argumentos para que forme parte del debate electoral:
La segunda cuestión a analizar es cuál debe ser el contenido, en definitiva, qué propuestas concretas hacer. Con este objetivo, conviene revisar las propuestas del Foro de Acción Rural, en el que participan las Redes de Desarrollo Rural, UPA, sindicatos, empresas forestales y organizaciones ecologistas, entre otras:
Haz clic para acceder a 79e8690625ac1221426849194.pdf
y las del Grupo de Análisis sobre Territorios Rurales (GATER) -del que forman parte profesores de economía agraria y desarrollo rural de las Universidades de la Comunidad Valenciana- y el IVIFA (Institut Valencià de Formació i Investigació Agroambiental), focalizadas en el medio rural de la Comunitat Valenciana, pero que, sin duda, constituyen un excelente documento de reflexión:
Haz clic para acceder a 2119080670_3032015104738.pdf
Olivar en Membrilla (Ciudad Real)
Desde nuestra perspectiva, y en forma de apuntes, hay algunas cuestiones que deben ser prioritarias.
Así, la primera mención la merece la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Se trata de una Ley de ámbito nacional, y la competencia corresponde a la Administración General del Estado. Debe ser, por lo tanto, objeto de los programas electorales para las elecciones generales. No obstante, con el calendario electoral a la vista, conviene traerla a esta reflexión. Esta Ley, de la que hemos hablado ya en el blog, se ha mostrado absolutamente perniciosa para el medio rural y para la autonomía de los pequeños municipios rurales. Debería derogarse y tener en cuenta la realidad del medio rural del siglo XXI, potenciando el papel de comarcas y mancomunidades.
Un segundo elemento ha de ser el impulso a una red de servicios públicos de calidad, que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, independientemente de su renta o de su lugar de residencia (pueblos o ciudades). Esto exige la apuesta por colegios públicos, centros de salud y hospitales, y una mayor inversión en la atención a la dependencia y a otros servicios sociales en el medio rural, que en los últimos años han quedado prácticamente olvidados en muchas CCAA. Para que esta apuesta sea eficaz, es obligatorio analizar el espacio rural desde una perspectiva territorial -y no sólo desde criterios de eficiencia económica o demográficos- (como apuntan los profesores del GATER en el documento citado).
Plaza Mayor de Tembleque (Toledo)
Otro aspecto clave es impulsar la toma de decisiones por parte de las propias comunidades locales. Exportar la metodología LEADER a otros ámbitos novedosos -gestión de FEDER y FSE en el medio rural, por ejemplo-, poner en práctica la elaboración, por parte de los propios habitantes de los territorios rurales, de estrategias territoriales que vayan más allá de la diversificación de la actividad económica o del contenido de los programas de desarrollo rural, puede ser otra propuesta. Para ello, es necesario reinventar los Grupos de Acción Local, dándoles una nueva perspectiva, abriéndolos a la participación de la población y dándoles las herramientas y el impulso para ejercer su función de liderazgo en la generación de actividad económica en el medio rural.
Siguiendo con los programas de desarrollo rural, en ellos deben establecerse claramente las prioridades y garantizarse un gasto público adecuado. En este sentido, conviene también recordar que, a fecha de hoy, no se han aprobado los PDR españoles (el de la Comunidad de Madrid sigue sin, ni siquiera, presentarse, nueves meses después de la fecha límite….) y que, en la mayor parte de los casos, se desconoce el gasto público previsto…
En cuanto a su contenido, se debe apostar por un enfoque territorial, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, priorizando la agricultura profesional y familiar, entendida ésta como aquella desarrollada por agricultores que generan la mayor parte de sus ingresos de la agricultura y viven en el medio rural.
Y, siendo los programas de desarrollo rural, una herramienta muy importante para el desarrollo del medio rural, la política rural no debe limitarse a ellos. El medio rural debe contar con otras herramientas -nacionales y regionales- que permitan alcanzar los objetivos que hemos mencionado y garantizar su desarrollo.
Esperemos…
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ruralsiglo21 
A propósito de la necesaria, y obligatoria según los reglamentos comunitarios, participación de la población rural en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas de desarrollo rural, se me ocurren las siguientes reflexiones, no siempre, o casi nunca, compartidas por los poderes políticos: 1.- En el discurso político se da por supuesto que el carácter democráticamente representativo de las instituciones públicas, asegura la participación ciudadana. Y es cierto. Sin embargo la participación de la población en los proyectos individuales y colectivos que se necesitan para desarrollar el medio rural va más allá de su participación en los procesos para elegir mediante sufragio a los representantes políticos. Entra de lleno en la contribución que cada individuo o grupo social puede hacer para mejorar su propia situación o la de la colectividad a que pertenece.
2.- No se trata de participar en abstracto ni la participación se produce con sólo desearla. A participar en los asuntos públicos también se aprende participando. Este aprendizaje de la participación, es una de las claves para el éxito del desarrollo y tiene dos vertientes: la población ha de cambiar sus actitudes participativas y las autoridades han de aprender a aceptar la participación ciudadana.
3.- No es suficiente la participación por delegación democrática. Es necesario que las autoridades nacionales, regionales o locales faciliten la participación real y afectiva (Art. 9.2, in fine, Constitución 1978) en todas las fases de los procesos de desarrollo: diagnóstico local, formulación de proyectos, acciones y evaluación.
4.- La afirmación de que el enfoque ascendente contribuye a profundizar la democracia tiene algo de mito si la promoción del desarrollo no tiene un componente educativo para favorecer y organizar instrumentos de participación a través de acciones de aprendizaje.
5.- Esta labor de promoción humana es una tarea educativa que trasciende la capacidad de los representantes elegidos. Crear una cultura de la participación directa es una labor profesional que debe confiarse a los equipos especializados que trabajan en el campo del desarrollo. Si no se crea esta cultura y este clima participativo, el carácter ascendente no pasa de ser una forma más de descentralización de las decisiones, en la que las autoridades locales sustituyen a las autoridades de los niveles superiores. Con esta descentralización es muy posible que la población no se sienta comprometida ni implicada en unos proyectos que “otros” (antes desde niveles nacionales o regionales y ahora locales o comarcales) construyen y diseñan para ella, y ante los que mantendrá actitudes pasivas y expectantes.
6.- El desarrollo participativo contribuye a que la población rural y el medio rural dejen de ser un problema para ser parte de la solución.
7.- LA PARTICIPACION ES INSTRUMENTO NECESARIO DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES.