La nueva PAC a la vuelta de la esquina: flecos pendientes

Se aproxima la fecha (teóricamente límite) del final de la Presidencia Irlandesa; es decir, dentro de mes y medio, y todavía están pendientes de cerrarse las negociaciones sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la reforma de la PAC, ambos para el período 2014-2020.  El final del proceso, pues, se antoja complicado, y puede que tenga que ser la Presidencia Lituana (a partir de julio) la que tenga que cerrar el acuerdo.

Por lo pronto, el Consejo de Agricultura de la semana pasada se convirtió en una especie de campo de batalla en torno a cuestiones como el apoyo a los jóvenes agricultores y el régimen para los pequeños productores (ver el interesante blog de Wyn Grant para conocer el detalle: http://commonagpolicy.blogspot.dk/2013/05/cap-reform-deal-not-yet-sewn-up.html?m=1)

Pequeña huerta en San Mamés (Madrid)

Pequeña huerta en San Mamés (Madrid)

Estos ajustes tienen como finalidad flexibilizar la posición del Consejo de cara a los trílogos con el Parlamento y la Comisión y, básicamente, el debate se centra en aumentar la voluntariedad y/o flexibilización de ciertos regímenes y definiciones (instalación de jóvenes, pequeños agricultores y definición de agricultor activo) -planteamiento apoyado por la mayor parte de los Estados Miembros-o hacer que estas cuestiones sean obligatorias. En realidad, está en cuestión que la PAC sea una verdadera política común.

Y en este caso estamos hablando de la característica principal de esta política. Desde España se ha defendido siempre que la PAC tiene que ser fuerte, auténticamente común, y sin abrir la puerta a la cofinanciación en el primer pilar de la PAC (que perjudicaría a los agricultores y ganaderos españoles frente a sus colegas de Estados Miembros con mayor capacidad (y decisión política) de poner fondos para la cofinaciación).

Es cierto que en esta ocasión, la propuesta, tal y como está en este momento, deja muchas cosas a la decisión de los Estados Miembros (apuntalando la subsidiariedad y socavando el concepto de política común), pero parece excesivo abrir la puerta de la flexibilidad a conceptos y regímenes tan relevantes en la nueva PAC (podríamos decir que casi se trata del corazón de la reforma), que podrían hacer de esta una política agraria nacional (o incluso regional), en los 27 Estados Miembros de la Unión Europea.

Campo de cereal en Montuelga (Segovia)

Campo de cereal en Montuelga (Segovia)

Sin entrar excesivamente en el detalle, de los elementos que están todavía en discusión (bien en la negociación en el seno del Consejo de la que acabamos de hablar, en los trílogos, o  a nivel nacional), y sin ánimo de ser exhaustivos, merece la pena detenerse en la determinación de la superficie elegible. En este sentido, se aprobó en el Consejo, un mecanismo de limitación de hectáreas (respecto a las declaradas en 2011) que puede salvar la cara a España.

Pero, internamente, el problema es grande, ya que parece que el Ministerio de Agricultura está dispuesto a dejar fuera al viñedo y a las frutas y hortalizas. Ambos sectores son muy sensibles y parece que la filosofía de la reforma (al menos de la propuesta original, en la línea de eliminar referencias históricas y territoriales) no va por el camino de excluir cultivos del pago básico, si no todo lo contrario. Su eliminación crearía un agravio comparativo entre agricultores, cultivos, e incluso territorios.

Otra cuestión relevante es la denominada convergencia interna de los pagos directos, es decir, la intención de la reforma de aproximar el nivel de dichos pagos para el final del período, tanto por sectores como por territorios. La propuesta de la Comisión era muy ambiciosa, pues preveía igualar los pagos a nivel nacional o regional, para 2109. Sin embargo, el Consejo primero, y mas tarde el Parlamento, han ido matizando (y flexibilizando -la palabra de moda en Bruselas) esta cuestión, de tal manera que se producirá una aproximación entre los pagos al final del período, pero no una igualación.

Posteriormente, debe definirse si la aproximación se debe producir entre sectores, a nivel regional o nacional. Esto tiene muchas implicaciones políticas y económicas en España, y es necesario que se actúe con la máxima transparencia y estableciendo prioridades claras (por ahora sólo se conocen las cuentas -parciales- de algunas Comunidades Autónomas, que “ganarían” o “perderían” en función de la decisión que se adopte).

Finalmente, un tercer asunto espinoso (que ha vuelto de nuevo a la mesa de negociación en los trílogos) es el porcentaje máximo que puede destinarse a las ayudas acopladas. En este momento las propuestas oscilan entre el 5% -de manera general- de la propuesta de la Comisión, y el 15% del Parlamento. También está encima de la mesa la forma de justificarlas, estando numerosos Estados Miembros a favor de hacer uso de las ayudas acopladas, no sólo en el caso de sectores en dificultades.  Es este, sin duda, un tema clave para la pervivencia de numerosos sectores productivos en España, fundamentalmente cultivos industriales, frutos secos y olivares poco productivos.

Basten estas cuestiones claves, para tomar conciencia de lo que aun falta por rematar.

En el blog, seguiremos analizando el proceso. Esta negociación, como casi todas, al final, tiene muchos flecos pendientes….

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