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En el sector agrario, burocracia, es una de las palabras más utilizadas. Cada vez que vuelve a plantearse una negociación de la Política Agraria Común (PAC) o se establecen requisitos, legales, de carácter medioambiental o en cualquier otro ámbito, que deben cumplir los agricultores y ganaderos, éstos ponen el grito en el cielo, en la mayor parte de los casos, no sin razón, por la carga burocrática.

La normativa agraria es compleja y, en ocasiones, puede resultar un verdadero dolor de cabeza para los agricultores y ganaderos, sobre todo para los pequeños y medianos. Hay que intentar reducir la carga burocrática que les afecta a ellos.

Sin embargo, primero, habrá que hacer más simple la política, más sencilla y clara de explicar al conjunto de los ciudadanos. En esta línea, teóricamente, ha trabajado la Comisión Europea en su propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y de la nueva PAC para el período 2028-20234. No parece que haya tenido excesivo éxito, al menos desde el punto de vista de la complejidad del encaje de la PAC en los nuevos Planes de Colaboración Nacional y Regional, donde ésta tendrá que competir por las prioridades políticas y por los fondos, a nivel de cada Estado Miembro.

De cara a los agricultores sí hay algunos avances de interés, como el pago para pequeños productores, que será obligatorio en todos los Estados Miembros (EEMM). Este pago, de hasta 3.000 euros por explotación, queda fuera de las nuevas ayudas decrecientes a la renta por superficie, y simplificará la gestión de las ayudas para los agricultores pequeños y medianos, que se verían liberados de cumplir los requisitos, más exigentes, de los beneficiarios de las ayudas decrecientes. La Comisión también plantea un modelo más sencillo, con pagos a tanto alzado, menores controles y un esquema de ayudas, en teoría, que podrán adoptar voluntariamente los agricultores. Todavía en negociación, y a expensas de lo que pudiera decidirse a nivel de cada Estado Miembro, parece que puede reducirse un poco la carga burocrática. Cruzaremos los dedos.

Pero… ¡cuidado! La disminución de la burocracia para los administrados no debe significar necesariamente una reducción de la carga administrativa para ministerios y, fundamentalmente, consejerías de agricultura. Hay que tener claro que lo importante es el beneficio para los ciudadanos y no orientar las decisiones políticas para “beneficiar” a la administración.

Desde 2007, en una reforma de la PAC que en España priorizó a las explotaciones más productivas y rentables, olvidando a los pequeños agricultores, los potenciales beneficiarios que tendrían derecho a recibir menos de 300 euros de ayuda por explotación están excluidos de las ayudas de la PAC.

Esto ha hecho que caigan en picado los perceptores de la PAC en España, que se sitúan ya sólo ligeramente por encima del medio millón, y no se ha resuelto aquello de los “agricultores de sofá” -en la práctica, grandes propietarios que no se dedican principalmente a la actividad agraria- que fue el argumento esgrimido para excluir a los pequeños. También se utilizó el “comodín” de la reducción de la carga administrativa. Este argumento, terrible -y cargado de ideología conservadora-, de que el coste del expediente es mayor al beneficio para el particular, ha perjudicado a muchos agricultores y ganaderos en nuestro país. Este razonamiento podría ser equivalente a decir que los contribuyentes que tuvieran derecho a un ingreso de menos de esa cantidad en la declaración del IRPF, o a una beca o cualquier ayuda en otro ámbito, no deberían recibirla si esta fuera pequeña. Además, es evidente que el gasto público no puede, ni debe, buscar exclusivamente, el retorno económico, en forma de ingresos, asegurando un beneficio, como sucede con la parte de los impuestos que se destinan a la sanidad o a la educación públicas o la construcción de infraestructuras viarias que, por concepto, no pueden rentables, desde una perspectiva, puramente económica.

Las externalidades o multifuncionalidades -otra forma más justa de definir la rentabilidad- de los agricultores pequeños es enorme y su contribución al desarrollo rural, imprescindible para nuestro modelo europeo. No debemos pues, desde mi punto de vista, excluir a los pequeños de las ayudas de la PAC. Debe ser una línea roja para la aplicación de esta política en España.

Recientemente, en la publicación del Real Decreto Ley para paliar los efectos de la guerra de Irán, en el ámbito de la agricultura, se ha establecido un mínimo de 100 euros de derecho a ayuda, cuando para la guerra de Ucrania fueron 200, y en la PAC, como hemos dicho -y hasta 2027- son 300.

Es un buen avance, un buen precedente y punto de partida para la aplicación de la PAC en nuestro país para 2028-2024. Es momento, no sólo de mantener un número lo más alto posible de agricultores y ganaderos, si no de proteger, preferentemente, a los pequeños y medianos, tal y como establece la Comisión Europea en su propuesta. No lo olvidemos.