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Más de medio año después de que la Comisión Europea pusiera encima de la mesa su propuesta para un nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) y para una nueva Política Agraria Común (PAC), se han sucedido negociaciones a nivel político, pero también técnico, unas encaminadas a las cuestiones más relevantes, y las otras, para revisar los detalles, tan importantes en la normativa comunitaria.

Una de las cuestiones siempre más controvertidas, si no la que más, es el presupuesto. A efectos de la PAC interesa la asignación a nivel comunitario, pero también el reparto posterior entre Estados Miembros (EEMM) y, en el caso de la propuesta de la Comisión para 2028-2034, la distribución de fondos entre diferentes políticas y prioridades dentro del Fondo para los planes de asociación nacionales y regionales.  

Sobre el presupuesto para la PAC la Comisión, en su propuesta de julio de 2025, le asignó un mínimo, blindado, de 293.700 millones de euros para 2028-2024 A esta cifra, se le añaden 6.301 millones de euros, en forma de reserva de crisis para el sector agrario, lo que totaliza unos 300.000 millones de euros la PAC[1].

En la propuesta se preveía una cantidad para ajustar las medidas dentro de los planes nacionales y regionales según la ejecución de las mismas, a lo largo del período 2028-2034. En un regate de von der Layen, a finales del año pasado, para “conquistar” a Italia con Mercosur, y apaciguar a los agricultores europeos, de nuevo en las calles, la Comisión incorporó a su propuesta la opción de que dos terceras partes de esta cantidad, 45.000 millones de euros, se utilicen específicamente para la PAC -y no para otras políticas-, y que se puedan poner a disposición de los EEMM, desde el inicio del período de programación, 2028. No supone un incremento directo del presupuesto para la PAC, pues serían los EEMM los que tendrían que decidir, si optan o no por activar esta opción, pero la posibilidad de utilizar estos recursos desde el principio sólo si se destinan a la PAC, hace muy apetecible la propuesta.

Además, para encajar las medidas estructurales y de desarrollo rural en una propuesta en la que desaparecen los pilares de la PAC, y el mínimo asignado para la PAC olvida las actuaciones ahora financiadas con FEADER que no van directamente a agricultores y ganaderos, la Comisión, en otra vuelta de tuerca en la negociación, ha propuesto que cada país decida si destina hasta un 10% de los 487.000 millones de euros del fondo para los planes de asociación nacionales y regionales que no se encuentran “blindados” -es decir, que pueden dedicarse a las prioridades que cada Estado Miembro desee, dentro de las políticas que engloba el fondo-, 48.700 millones de euros, para medidas agrarias de desarrollo rural, que en la propuesta inicial estaban excluidas para acceder a estos recursos.

Así pues, la negociación sobre el presupuesto global está abierta y es, sin duda, extraordinariamente importante para la agricultura y la ganadería de nuestro país.

Pero también lo es, más si cabe, la negociación interna para aumentar los 37.200 millones ya “blindados” para España -aunque no hay cifras cerradas, se podrían considerar como tal-, primero hasta los 41.600 millones de euros -si se utiliza su parte de los 45.000 millones de euros comunitarios extra, mencionados-, lo que supondría alrededor de un 12% menos que en el período 2021-2027. Adicionalmente, aplicando la opción de destinar el 10% de los recursos “no blindados” del fondo de planes de asociación nacionales y regionales, que le correspondería a España para medidas agrarias de desarrollo rural, se alcanzarían unos 45.500 millones de euros, una cifra muy cercana a la que supone la PAC actual. Incluso, podría haber opción de aumentar los fondos para el sector agrario y el desarrollo rural, si se negocia bien internamente el reparto con otros ministerios. Esta es la clave.

Para ello es fundamental establecer prioridades y diseñar argumentos y políticas. No basta con reclamar más presupuesto para la PAC o reivindicar que exista una PAC autónoma y con un fondo propio -que también- sino que toca definir un modelo de agricultura claro, el de las explotaciones familiares, compatible con no dejar a ningún agricultor o ganadero pequeño y mediano fuera. El sector y la administración agraria necesitan masa crítica, fuerza, e ideas claras para afrontar una negociación decisiva.

Y es preciso definir hacía quien deben ir los fondos de la PAC, qué colectivos son los prioritarios y que multifuncionalidades pueden aportar nuestros agricultores y ganaderos en el ámbito del medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud, el desarrollo rural o la tecnología, para convencer a los que dirigen otros sectores, de que la PAC -y su presupuesto- son imprescindibles. Es muy urgente.

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[1] Para una información más detallada, se pueden consultar otras entradas de www.ruralsiglo21.org, https://ruralsiglo21.org/2026/01/08/un-nuevo-regate-de-la-comision/, https://ruralsiglo21.org/2025/11/02/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-nueva-pac/, y el artículo, de diciembre de 2025, “Una PAC posible para España”, publicado en la Plataforma Tierra (https://www.plataformatierra.es/actualidad/una-pac-posible-para-espana).